Nuevos
Desafíos. Para las miles de organizaciones que funcionan en Argentina corren
tiempos de cambios. Aunque con matices, especialistas y protagonistas de este
vasto universo ponen la mira en la necesidad de diversificar las fuentes de
financiamiento y avanzar en un nuevo marco legal. En el mientras tanto, muchas
debieron repensarse, reconvertirse y apelar a la creatividad.
De un lado
se encuentran la capacidad movilizadora y solidaria; la innovación y la
flexibilidad en sus estrategias de acción; la creatividad y eficacia en el uso
de recursos, que por lo general son escasos, y el fuerte compromiso de sus
miembros. Del otro se ubican los bajos niveles de sustentabilidad financiera;
la alta fragmentación; la carencia de interlocutores representativos para
vincularse con otros actores, y la falta de un marco legal y específico. Allí,
con un pie en un lado y un pie en el otro, hacen equilibrio las organizaciones
de la sociedad civil (OSC), tanto las más jóvenes como las más añejas, las que
fueron vitales frente al retiro del Estado en los años ’90 y las que, luego,
supieron articular con un sector público más presente y con uno privado con
incipiente interés en la responsabilidad social.
Élida
Cecconi es directora ejecutiva del Grupo de Análisis y Desarrollo Institucional
y Social (Gadis), dedicado al estudio y fortalecimiento de las organizaciones
de la sociedad civil. Para ella, los principales problemas que enfrentan las
OSC son “la ausencia de un marco legal propio, los nuevos condicionamientos
impuestos por la Inspección General de Justicia, que resultan de imposible
cumplimiento para las organizaciones de base, la imposición de las mismas
obligaciones impositivas que a una empresa” y la falta de incentivos fiscales
para las donaciones.
“La reforma
del marco legal y fiscal es una cuenta pendiente muy importante. Se necesitan
políticas diferenciadas y un marco regulatorio propio para que las
organizaciones funcionen, tributen y rindan cuentas”, sostiene Guillermo
Correa, coordinador ejecutivo de la Red Argentina para la Cooperación
Internacional (Raci).
Para Juan
Luis Díaz, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo en Justicia y
Paz (Fundapaz), existen “una serie de requisitos y mecanismos burocráticos que
son más adecuados para empresas que para organizaciones sociales como las
nuestras”.
En tanto,
desde la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (Feim) coinciden
en identificar a “los crecientes requisitos formales de la IGJ y la Afip como
los principales escollos para las instituciones y objetan los “mayores gastos”
que deben ser destinados a certificaciones notariales y contables”.
Pablo
Marsal, licenciado en Organización y Dirección Institucional de la Universidad
Nacional de San Martín y consultor para entidades sin fines de lucro, advierte
que “mejorar la formalidad y la transparencia de las organizaciones es
positivo, siempre y cuando el Estado ayude a las más débiles. Si no, se
convierte en una especie de darwinismo en el tercer sector”.
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Fuente: Revista Tercer Sector
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