Dos de cada
diez alumnos secundarios en nuestro país estudian con sobreedad. Rezagados,
como se los conoce en los estudios educativos. Son chicos y chicas que van a la
escuela con mayor edad a la correspondiente, ya sea por haber repetido de curso
o por haber ingresado más tarde, entre otras razones.
¿Las consecuencias?
Menos
oportunidades y menos posibilidades de completar los estudios en las mismas
condiciones en que lo hacen sus compañeros.
Es decir, un
derecho vulnerado por donde se lo mire.
Así lo
indica el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, con datos de una
encuesta realizada en varias ciudades del país. El Barómetro es una publicación
que desde hace años realiza la Universidad Católica Argentina junto a Fundación
Arcor, Fundación Telefónica y Fundación Minetti.
Ese dato se
suma a otro conocido el año pasado, íntimamente relacionado con el rezago
educativo e igual de preocupante: en la Argentina, sólo el 43 por ciento de los
alumnos que comienza con la educación secundaria la termina, de acuerdo a un
informe publicado por el Instituto Di Tella. Es decir, menos de la mitad de los
inscriptos llega a completar los doce años que conforman el ciclo primario y el
secundario.
Esto
posiciona al país en uno de los puestos más bajos en América Latina, por debajo
de Bolivia, Paraguay y Ecuador. Los mejores ubicados son los peruanos y los
chilenos, que cuentan con un 70% de estudiantes que completan el ciclo.
El rezago
educativo en el secundario
Según el
Barómetro, el rezago educativo es más común en las grandes ciudades que en las
medianas o pequeñas y afecta principalmente a los chicos y chicas que viven en
los sectores económicos más desfavorecidos.
Según esos
datos, esta realidad está presente en el 31 por ciento de los alumnos secundarios
de los sectores más empobrecidos, contra apenas el 9 por ciento de los chicos
de sectores más ricos.
“Estos datos
también tienen un componente social: en general el rezago repercute más entre
los chicos y chicas que viven en sectores más pobres”, explica Ianina Tuñón,
coordinadora general de la investigación. Y agrega: “Es importante pensar en términos de derechos
no sólo la inclusión de los chicos en la escuela, sino también en qué
condiciones se da esa inclusión, evaluar si el trayecto escolar se da con la
edad que corresponde. Y entender que a
veces ese rezago es la antesala del fracaso escolar, de la expulsión. Y que esta situación deja más indefensos a
los chicos de sectores más empobrecidos, que no pueden escapar de ese círculo produce
la pobreza, con menos educación, menos oportunidades, peores trabajos…”.
Con esa
mirada coincide la de Gabriel Brener, licenciado en Educación y especialista en
Gestión y Conducción del Sistema Educativo. Según él, en primer lugar “es
central valorar y jerarquizar las
estrategias de inclusión que ha asumido esta gestión de gobierno, y en
ese sentido, la ley de educación nacional, la de enseñanza técnica, el 6, 5 %
del PBI a educación, la AUH, Conectar Igualdad, la construcción de escuelas,
entre otras iniciativas son clave y marca la diferencia con todas las gestiones
precedentes, desde que recuperamos la democracia”.
Pero,
asegura el especialista, “existe un desafío de enorme envergadura, y no remite
sólo a la inclusión sino especialmente a
la manera de incluir. Es decir, el desafío político y pedagógico consiste en
mejorar las trayectorias escolares, la calidad del tránsito, y no sólo el
acceso, en cada nivel del sistema. Los niños/as y adolescentes de los sectores
sociales más vulnerables, tal como indica el informe, pero también los propios
estudios del ministerio hace tiempo, están en desiguales condiciones y
posiciones para hacer frente a las exigencias de la escuela si los comparamos
con sus pares de sectores medios y altos de la sociedad. Y más aún cuando
sabemos que la institución escolar debe luchar contra sus propias
limitaciones”.
Y agrega
Brener: “Lógicas fundacionales pero muy instaladas en sus prácticas cotidianas
que homologan inclusión con homogeneización. Y de este modo el mandato es
incluir, pero a todos y de la misma
manera. Operación que no solo concibe la diferencia como deficiencia sino que
perjudica aun más a quienes provienen de hogares con dificultades materiales y
simbólicas para acompañar la escolarización. O sea, una lógica escolar muy
arraigada que reproduce y acrecienta desigualdad y castiga a los menos
favorecidos”.
Por otro
lado, según la misma encuesta, la propensión al rezago educativo es claramente
mayor entre los adolescentes que asisten a escuelas de gestión pública que privada:
un adolescente en escuelas de gestión pública registraba en 2010 casi 3 veces
más chance de estar demorado en su trayecto educativo que un par en las
escuelas de gestión privada.
Cada vez más
chicos en escuelas privadas
En 2003,
sólo el 8% de las familias de todo el país que ganaban hasta 725 pesos (el
quintal más bajo de la población) mandaba a sus hijos a la escuela privada, y
en 2011 pasó al 12,3%. Y entre las familias que ganan hasta 1.200 pesos, el
porcentaje creció del 19% al 32%, según un informe del Centro de Estudios en
Políticas Públicas (CEPP) en base a un trabajo realizado sobre la Encuesta
Permanente de Hogares del INDEC, difundido recientemente en los medios.
Según esa
publicación, en términos globales, sin distinción de clase social, la cantidad
de alumnos de seis y siete años en escuelas privadas pasó del 26% en 2003 a
37,5% en 2011. Es decir, un incremento de más de 11 puntos porcentuales, en
detrimento de la matrícula de los colegios del estado. También se da un aumento
en el pasó a ser del 34% en 2011.
Frente a
estos datos, el propio ministro de Educación de Nación, Alberto Sileoni,
reconoció en una columna publicada en el diario Página 12 que “la decisión de
las familias de inscribir tempranamente a sus hijos en la educación privada
tiene varias causas: amplios sectores de la sociedad argentina mejoraron su
situación económica y eligen la escuela privada, que, en principio, les
garantiza un servicio constante con escasas interrupciones. A pesar de que en 2010
y 2011 se cumplieron los calendarios escolares, es cierto que la escuela
pública, sobre todo la secundaria, aún no revierte su imagen de institución
atravesada por conflictos constantes”, aunque también señaló que “lo que no es
cierto, y los datos lo demuestran, es que exista una migración de la escuela de
gestión estatal a la privada.
Más aún, los
datos indican que la matriculación en la educación privada cae sensiblemente
tras los primeros grados, indicando un pasaje en sentido contrario:de la
educación privada a la estatal. Hay coincidencia de que en los últimos años, la
escuela pública argentina mejoró significativamente en las condiciones
materiales (libros, netbooks, infraestructura) y en los resultados de los
aprendizajes. En el Operativo Nacional de Evaluación de secundaria el 73 por
ciento de las escuelas eran de gestión estatal”, y agregó: “Es cierto también
que en los últimos tres años la matrícula del nivel secundario estatal aumentó
un 2,3 por ciento mientras que en el sector privado ese incremento fue de 0,2”.
Termina
diciendo el ministro: "Tal vez sea el momento de establecer mecanismos que
generen una mayor presencia de los docentes en las aulas y una mayor presencia
de las familias en la escuela, fortaleciendo la convicción de que para educar a
un niño necesitamos del esfuerzo y compromiso de todos".
La
importancia del acompañamiento de la familia
La mayoría
de los niños/as en el nivel primario cuenta con el apoyo familiar en la
realización de sus tareas escolares (66,7%); apenas un 9,7% recibe clases
particulares de apoyo escolar y 7,4% asiste a clases particulares de idioma
extranjero o computación, según datos del Barómetro.
Las
posibilidades de acompañamiento familiar en la realización de tareas y acceso a
apoyos extra-escolares tiende a disminuir a medida que desciende el estrato
social de origen del niño/a.
El 45% de
los adolescentes en el secundario suele recibir apoyo de sus familiares para
estudiar y realizar las tareas escolares, sólo un 13% accede a clases de apoyo
particulares o clases de enseñanza de computación y/o idioma extranjero. Las
posibilidades de acompañamiento familiar en la realización de tareas y acceso a
apoyos extra-escolares tiende a disminuir a medida que desciende el estrato
social de origen del adolescente.
El 59,8% de
los adolescentes no cuenta con una biblioteca o libros en el ámbito familiar,
el 53,7% no accede a una computadora y 66,7% no accede a internet en su propio
hogar. El déficit en el acceso a estos recursos es mayor a medida que desciende
el estrato social de los adolescentes.
Cifras que
ayudan a entender la complejidad del problema, y que permiten empezar a pensar
soluciones y políticas públicas para garantizar el acceso a una educación
plena, que en definitiva es un derecho de los chicos y chicas.
Fuente: Periodismo Social
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